Fuente: El Destape – La iniciativa, prevista a llevar a cabo durante los próximos 10 años, tiene un cronograma que establece proporciones de la composición de la oferta entre calzado terminado y desmontado.
El proyecto de ley de Promoción de la Industria del Calzado y su cadena de valor propone una serie de medidas para alcanzar la integración local de la producción del sector en un plazo de 10 años. Este programa tiene un cronograma que establece proporciones de la composición de la oferta entre calzado terminado y desmontado.
En base al plan previsto en la iniciativa, las importaciones de calzado terminado tendrán un porcentaje descendente a lo largo de una década, junto con un cronograma de contenido mínimo nacional de la oferta que deberá crecer de manera paulatina. El programa también buscará fomentar las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura a realizar por empresas industriales destinadas a la fabricación de calzado y la producción de insumos para la industria del calzado.
Asimismo introduce mecanismos para alentar y facilitar el empleo formal de trabajadores de la industria, mediante una reducción de las contribuciones patronales al SIPA, PAMI, Fondo Nacional del Empleo y Régimen Nacional de Asignaciones Familiares. Por otra parte, se plantea el objetivo de facilitar los mecanismos de liquidación de calzados de más de dos años de antigüedad, como manera de estimular el consumo a precios accesibles.
Este sistema busca resguardar al consumidor en la adquisición de calzado a bajo precio pero que por la antigüedad de su material tenga una vida útil efímera.
En otro orden, prevé la creación del Instituto de Promoción del Calzado Argentino, un organismo que apoye a las empresas y a la industria en la capacitación de recursos humanos, operarios y de mandos medios, que realice actividades de investigación y desarrollo, que asista a las empresas en su proceso productivo favoreciendo la productividad y el uso de equipamiento adecuado, y en la distribución de la fábrica, difundiendo buenas prácticas productivas.
El mismo deberá estar integrado por representantes de toda la cadena de calzado, empresas, cámaras empresariales, sindicato, universidades y el Estado nacional.